Ciertamente tiene razón nuestro presidente del gobierno cuando indica que los protagonistas de las negociaciones eran los grandes emisores, EE.UU. y China, a los que pedía un mayor esfuerzo. Finalmente el acuerdo ha quedado solo en buenas intenciones y no se han fijado metas concretas salvo en el objetivo de no superar los 2º de incremento de temperatura para 2050. Al menos se ha conseguido un acuerdo global para seguir discutiendo sobre esos puntos y sobre todo se ha incorporado a los países emergentes en los marcos de reducción de emisiones futuros. Creo que los líderes que mas en serio han apostado por el acuerdo han sido las grandes potencias europeas, Francia, Alemania y Reino Unido, que no sólo estaban por acuerdos más ambiciosos, sino que realmente han cumplido sus compromisos previos con el protocolo de Kyoto. Obama sabía que comprometer cifras suponía un coste importante para su economía, y ha preferido no establecer metas concretas, mientras gana apoyo interno para que el Senado pueda apoyarle en objetivos más ambiciosos. China, India, Brasil e Indonesia no van a establecer metas severas cuando sus poblaciones tienen todavía tasas de emisión muy inferiores a las de los países ricos (las de China son cuatro veces per cápita más pequeñas que las de EE.UU. y la mitad de las europeas). En este marco, las declaraciones de Obama han sido una declaración de buenas intenciones: que cada país intente reducir lo más posible y que informe públicamente de esos avances.

El gobierno español, con el presidente Zapatero a la cabeza, se quejaba de la falta de ambición en esos objetivos internacionales y abogaba por reducciones más drásticas. Supongo que los ciudadanos españoles más comprometidos con la causa ambiental aplaudirán esa actitud del presidente, pero a los que además de estar preocupados por estos temas también estamos algo informados, esa actitud nos resulta bochornosa. ¿Cómo puede el gobierno español abanderar la firma de un protocolo más amplio que el de Kyoto cuando somos el país europeo que menos cumple el mismo?  La voluntad política de hacerlo está en todas las declaraciones, pero los hechos prácticos siguen demostrando que nuestros gobernantes no se toman en serio el tema. Por ejemplo, en los últimos presupuestos generales del Estado se estableció como meta reducir unos 38 millones de toneladas nuestras emisiones de CO2 para 2012. Esta cifra es la tercera parte de la que se había aprobado dos años antes, dentro de la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (Horizonte 2007-2012-2020). Los datos más recientes disponibles para nuestro país en la convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCC) indican que en 2007 apenas se habían conseguido reducir las emisiones  en 1,6 millones de t frente a la cifra de 2005, y España seguía siendo el país de la Unión Europea más alejado de los compromisos de Kyoto (38% por encima del objetivo). Incluyendo los mecanismos derivados de los cambios en la cobertura del suelo, todavía las cifras con peores, con una desviación superior a 40 puntos. En el balance global de los cuatro primeros años del gobierno de Zapatero pasamos del 149 al 155% de emisiones sobre el año base (1990), lo que supuso alejarnos de los compromisos de Kyoto (fijados en el 15% para nuestro país). En estas cifras son las últimas disponibles a 2009 en el sitio oficial del UNFCC. No se incluyen ahí los efectos de la crisis económica que nos afecta actualmente, que sin duda será la principal aliada de la reducción de emisiones, aún a costa de perder varios puntos en nuestro PIB. Ciertamente hubiera sido deseable que el ajuste fuera menos drástico y  conseguido como política de Estado, en lugar de cómo consecuencia de un desastre económico.

No sé en qué medida puede afectar la nueva ley de economía sostenible a las tendencias futuras, pero resulta cuando menos preocupante que estemos dando a otros lecciones sobre el uso de energías renovables, mientras subvencionamos la industria del carbón, sigue sin estar claro el marco jurídico de la energía eólica marina, o para mejorar la eficiencia energética en las empresas y administraciones públicas. De acuerdo a los últimos datos del sector eólico en España, sin duda el buque insignia de las renovables en nuestro país, la producción media eléctrica apenas sobrepasa la mitad de la generada por energía nuclear, y, en el conjunto de las renovables, aún estamos muy lejos del objetivo del 20% que se ha marcado la Unión Europea en este terreno para 2020.

Si la reducción drástica de emisiones sólo va a venir como consecuencia del deterioro de nuestra economía, la “solución” al cambio climático resulta alarmante. Por otro lado, no es muy diferente de la que han dado los países de la antiguo bloque oriental, donde se registran caídas de emisiones superiores al 50% (Rumanía, Ucrania, Lituania, Estonia) respecto a la situación de 1990.

Parece mucho más razonable proponer medidas más modernas y sostenibles, que pasen por una economía basada en energías de baja emisión (me temo que incluyendo, al menos temporalmente, la nuclear), en mayor eficiencia energética, en primar el ahorro energético, en políticas más innovadoras de captura de carbono (reforestación, gestión de espacios rurales marginales). Las soluciones son ciertamente complejas, y requieren coraje para explicar las implicaciones negativas que van a tener para los ciudadanos (incremento del coste de energía, por ejemplo). Las declaraciones rimbombantes sirven para llenar titulares, pero no para resolver los problemas.

El clima es una sucesión de estados atmosféricos en un periodo largo. No se cambia de clima de un día para otro. Los cambios hacen referencia a series largas de años, por lo que para evidenciar que hay cambio climático necesitamos comprobar que las tendencias de los últimos 20-30 años son distintas a las que observamos en los periodos precedentes. A partir de datos observados en termómetros, en series de vegetación, en glaciares o en la variación de la altura del océano podemos confirmar que hay una tendencia clara al calentamiento terrestre. Por ejemplo, 11 de los 12 años comprendidos entre 1995 y 2006 se cuentan entre los 12 más calientes desde 1850, o también se ha medido que en los últimos 50 años hay una tendencia lineal de 0.13°C /década, casi el doble de los últimos 100 años. Ambos datos están sacados de los informes científicos  del IPCC.

A mi modo de ver, que existe una tendencia al incremento de temperaturas es un tema prácticamente cerrado desde el punto de vista científico. Otro debate distinto es qué causa ese incremento, pues podría provenir de muy distintos factores naturales. Con las evidencias científicas que tenemos actualmente, parece que esos factores naturales no explican el aumento, y que por tanto debe achacarse a la intervención humana, concretamente al aumento de emisiones de gases de efector invernadero, principalmente el CO2.

-¿Qué posibles soluciones se han de tomar para frenar la elevación de las temperaturas en La Tierra?

Si la causa principal es el aumento de emisiones, el mejor remedio para paliar el problema, a largo plazo, será reducir esas emisiones, que son principalmente debidas a la producción de energía, a la industria, construcción y al transporte. Como esas emisiones no pueden reducirse drásticamente (no es económicamente viable), es preciso hacerlo por una suma de esfuerzos, donde entren energías con menores tasas de emisiones, tecnologías para capturar el CO2, e introducir hábitos de vida que reduzcan la energía que se consume por habitante. Además, incluso reduciéndolas notablemente, los gases emitidos tendrán un periodo de residencia en la atmósfera que mantendrá la tendencia descrita durante décadas, lo que sugiere asimismo introducir medidas para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas.

-¿Qué espera de la Cumbre de Copenhague?

Esta cumbre intenta dar continuación al protocolo de Kyoto, que fue el primer acuerdo internacional sobre la materia, firmado en 1997 y ratificado por todos los países del mundo, con excepción de EE.UU. En Copenhague se pretende, por un lado, ser más ambicioso en la reducción de emisiones, y, por otro, incluir a los países en desarrollo, que no estaban considerados en Kyoto, y suponen ya un porcentaje importante de las tasas de emisiones (y lo serán más en el inmediato futuro, a juzgar por los crecimientos de algunas de esas economías como China, India o Brasil). Como es lógico, no es posible ni justo limitar el crecimiento económico de esos países, por lo que habrá que estimularles para que utilicen tecnologías que combinen ese crecimiento con unas emisiones moderadas.

-A pesar de las evidencias, sigue existiendo una corriente de opinión que considera que no existe tal cambio, creen que se está exagerando. ¿Cuál es tu opinión?

El calentamiento climático, como en generar cualquier aspecto del clima es muy complejo, pues se trata de un sistema en donde entran en juego muchas variables (atmósfera, océano, hielo, vegetación, actividad humana, suelos, etc.), que son complicadas de modelar. Es lógico que haya controversia científica, aunque me parece que es mucho más respetuosa de lo que aparecen en los medios de comunicación que, a veces, tienden a simplificar las cosas, ya sea para indicar que el cambio climático es incontestable, como para indicar que es un invento de científicos interesados. En mi opinión, la mayor parte de los científicos más prestigiosos opinan que existe y que implica un riesgo potencial alto, pero también son muchos los que estiman que hay otros riesgos ambientales muy importantes (degradación de suelos, del agua, deforestación…), no directamente relacionados con el cambio climático, que también hay que atender adecuadamente.

 ¿Es posible el cambio de modelo?

 En estas circunstancias la posibilidad de cambiar de modelo económico dependerá de nuestra capacidad de flexibilizar nuestra economía y nuestro mercado de trabajo a la vez que se incrementa el capital tecnológico. Se trata pues de mejorar la estructura productiva y competitiva para aumentar así las exportaciones y la inversión extranjera en España y la inversión española en España y en el exterior. Nadie sabe cuáles serán los sectores de futuro, el gobierno tampoco, pero no se debe olvidar que España es muy competitiva en el sector servicios. La mayor parte de la inversión española en el exterior no está en el sector manufacturero (aunque algunas hay) sino en los sectores bancario, distribución, ingeniería, gestión y construcción de infraestructuras (aeropuertos, autopistas, etc.), gestión de aguas y basuras, hoteles, producción y distribución de energía, energías renovables, seguros,  telefonía, etc. Así, empresas como Repsol YPF, Gas Natural, Endesa, Abertis, Santander, BBVA, Mapfre, Iberdrola, Telefónica, ACS, OHL o FCC, entre otras, han encontrado grandes oportunidades de negocio en Europa y en el continente americano. Desde finales de los ochenta muchas compañías españolas desembarcaron en Europa y desde mediados de los noventa, se convirtieron en los principales inversores en América Latina, por detrás de EEUU.  

 Confianza, crecimiento y competitividad

Sin embargo y a pesar del buen comportamiento inversor de las empresas españolas en el exterior, las expectativas de la inversión están bastante negras al persistir una incertidumbre muy grande sobre el futuro del país. El presidente del Gobierno de España, Rodríguez Zapatero, no ha sido suficientemente realista a la hora de explicarle a la ciudadanía, en especial al sector privado, la situación en que se halla la economía. A pesar de sus anuncios optimistas, la recuperación va a llevar mucho tiempo. Como el gobierno tuvo una actitud de negar la crisis desde el comienzo mismo de este período, existe una sensación de inseguridad y desconfianza que está retrayendo la inversión privada, tanto local como extranjera. A los empresarios españoles, les cuesta creer en el marco en que se va a mover la economía, lo que naturalmente provoca la congelación de las inversiones.

 ¿Qué podría hacer el gobierno?

 El gobierno español tendría que destinar parte del gasto público, que hasta ahora ha sido desmesurado e improductivo, a incorporar nuevos sectores relacionados con la innovación y con el desarrollo tecnológico, así como para mejorar la calidad de la educación. Según los informes del Programa Internacional de Evaluación de Resultados Educativos (por su sigla en inglés, PISA), España ha obtenido resultados muy bajos y, por lo tanto, se requiere un acuerdo, entre todos los partidos políticos, para lograr una mejor formación profesional de los educadores y poder dirigir a los jóvenes hacia carreras tecnológicas y de ciencias que contribuyan a aumentar la capacidad y competitividad de las empresas nacionales. El modelo educativo se debe dirigir a fomentar la excelencia y el esfuerzo para que los egresado sean capaces de absorber nuevas tecnologías y ser protagonistas de un nuevo modelo económico más productivo.

 Aunque es verdad que las empresas son las responsables del necesario cambio de modelo, sin embargo sus decisiones se ven afectadas por el marco de la política económica, el nivel y calidad de las instituciones y la calidad de la mano de obra. En este contexto, la estabilidad política, macroeconómica e institucional siguen siendo necesarias y deben crecer para que España pueda salir de la crisis. El gobierno también debe esforzarse por seguir aplicando políticas de liberalización de los mercados que puedan proporcionar los signos adecuados que incentiven al sector privado a que emprenda nuevas inversiones, tome decisiones de producción y genere creación de empleo. En este sentido, la confianza y credibilidad en el gobierno son factores necesarios para que se produzca el cambio de modelo, es decir, para la creación de empresas competitivas. Por el contrario, la incertidumbre, la desconfianza y la inestabilidad política, retrasa las decisiones de inversión privada y produce, además, una reasignación de recursos que no incentiva la mejora de la productividad.

 En resumen, si la economía española quiere ser más competitiva debe apuntar hacia sectores con mayores niveles de calidad y de tecnología, lo que mejoraría la competitividad de nuestros productos en el exterior. La mejora tecnológica, la reestructuración productiva, el fomento del ahorro nacional y el incremento de la competencia deben marcar el camino de ese nuevo modelo económico. Las protagonistas del modelo deben ser las viejas y nuevas empresas que inviertan en I+D+i, es decir, las que generen innovación pero también aquellas otras que demandan innovación. De ahí que el sector público debería dirigir su gasto a aumentar la productividad y en consecuencia la competitividad de nuestros productos. En definitiva, hay que seguir apostando por un modelo económico abierto al exterior y evitar el proteccionismo en la economía española. La solución a nuestros problemas no está en proteger nuestra economía frente a la competencia exterior sino en aumentar la cantidad y calidad de nuestra oferta exportadora.

Desde ese momento, se han enunciado diversas propuestas para avalar filosóficamente esa creciente preocupación por la naturaleza. Revisaremos en este blog a lo largo de las próximas entradas, algunas de las éticas ambientales más difundidas.

Una de las primeras propuestas, aunque hoy tal vez meno conocida es la llamada “Etica de la Tierra”, propuesta por el ambientólogo Leopold en su libro Sand County Almanac, publicado en 1949. Se trata de la primera presentación sistemática de una ética “eco-céntrica”, que cambia por primera vez el planteamiento antropocéntrico que había sido vigente en las relaciones entre hombre y naturaleza. Leopold aboga por considerar a la Tierra en su totalidad, no sólo como fuente de recursos, sino también como sujeto moral, que abarca a todos los recursos y sus habitantes. “Una cosa es correcta cuando tiende a preservar la integridad, la estabilidad y la belleza de la Comunidad biótica. Es mala cuando tiende a destruirla”. Los seres humanos son miembros de esa comunidad, no sus únicos actores, por encima de los individuos. Orienta su ética hacia una planificación integral, que tenga en cuenta todas sus partes.  Un seguidor más reciente de estas ideas es Baird Callicot, que subraya esa unión íntima del ser humano con la naturaleza.

Este enfoque ecocentrico y holístico de las relaciones con la naturaleza se pone más en evidencia con la denominada “Hipótesis Gaia”, planteada por James Lovelock inicialmente en los años sesenta y difundida más ampliamente en su libro Gaia: A new look at life on Earth en 1979. Aplica a la Tierra  el nombre de una diosa griega, para indicar que se trata de un organismo vivo, que se autoajusta, asegurando el equilibrio entre sus diversas partes. Para Lovelock la Tierra es un sujeto ético porque tiene conciencia, siente dolor y busca su equilibrio. El hombre no está por encima de la Tierra sino más bien al revés, sólo es parte de un sistema más grande. Como mucho podemos ser “médicos planetarios” proponiendo medidas preventivas que eviten cambios drásticos en las condiciones del ecosistema. La tierra es un sistema holístico, donde todos los componentes son importantes, el hombre no más que otros. La actitud ética ante Gaia es no atacarla con presiones excesivas para su dinamismo y estabilidad. En este sentido está de acuerdo con la limitación del crecimiento humano, y con medidas eugenésicas (“aquellos que viven acordemente con el medioambiente favorecen la selección de su descendencia”, Lovelock, 2006

Los presidentes de los países pobres realizaron un crítico discurso a las políticas “proteccionistas”, de los países ricos, especialmente en el mercado agrícola. Es sabido que los masivos programas de subsidios deprimen artificialmente los precios, distorsionan los mercados, limitan seriamente el desarrollo y competitividad agrícola de los países en desarrollo, especialmente de los más pobres.  

En África es donde la situación es más grave y, aunque tiene abundantes recursos naturales, su explotación encuentra obstáculos hasta ahora insuperables: clima, fragilidad de los suelos, enfermedades, mal reparto de los recursos hídricos, etc. La solución está en aumentar la productividad agrícola. Es necesario que la tierra, en África, produzca más introduciendo los progresos tecnológicos logrados en materia de híbridos y semillas seleccionadas.

La ayuda alimentaria

Aunque la ayuda alimentaria exterior, ha permitido salvar muchas vidas, tiene también una influencia perniciosa sobre el desarrollo agrícola. La ayuda alimentaria mata las producciones y los mercados locales, pues equivale a un “dumping” de productos agrícolas externos que suplantan directa o indirectamente a las producciones, y como consecuencia cambia los hábitos de consumo de la gente, por ejemplo, a comer pan de trigo, en sitios donde no se puede producir trigo. De ahí que la ayuda que los países pobres necesitan se debe materializar en abonos, pesticidas, herramientas, tractores y medios de transporte que les permita producir más y de forma más adecuada a sus características y necesidades.

El ejemplo del tomate

La UE es el segundo mayor productor de tomate concentrado tras los EEUU. La Política Agraria Común (PAC) paga a los agricultores de la UE un mínimo por su producción que supera el precio mundial y que estimula la producción. El 20% de las exportaciones de tomate procesado van a parar a África Occidental y se venden a precios más baratos que los productos locales. Esta competencia ha supuesto el cierre de fábricas de procesamiento de tomate en varios países de África Occidental. Esto daña los modos de vida de los productores de tomate locales, muchos de los cuales son mujeres.

Los subsidios a los agricultores del Norte, como los que da la PAC, crean una producción que excede a la demanda nacional. Los países utilizan entonces los subsidios a la exportación para distribuir el exceso en los mercados mundiales. Esto hunde los precios y reduce los ingresos de los exportadores de los países en desarrollo, así como su cuota de mercado. Además de estos regalos envenenados la PAC, claramente proteccionista y una de las aberraciones mayores de la UE, ha impedido a muchos países pobres exportar alimentos a Europa y conseguir así las divisas que necesitan para financiar su desarrollo económico. 

Seguridad alimentaria

La solución no está, como podría parecer, en enviar los alimentos que sobran a los países en los que faltan. En éstos, no suele haber infraestructuras que permitan, de una manera eficaz, el recibir y mucho menos el distribuir y aprovechar estos “donativos”. La falta, por ejemplo, de red del frío impide la distribución a los consumidores de los alimentos perecederos. La solución tiene que venir por otro camino: la victoria contra el hambre se logrará el día en que cada uno de los países que actualmente son deficitarios sean capaces de producir por sí mismos una cantidad mínima de alimentos para nutrir a sus poblaciones.

La cumbre contra el hambre de la FAO, que tuvo lugar la semana pasada, sigue dividiendo a países pobres y ricos. Vergonzosa  ha sido la ausencia de los líderes de los países más industrializados, en particular del G8 –solo asistió Silvio Berlusconi–. Pero mucho más vergonzoso siguen siendo las “distorsiones” en el comercio agrícola, “los subsidios” y el proteccionismo agrario de los países ricos que han convertido a los países en desarrollo de exportadores en importadores de alimentos.

Ayer asistí a la presentación de un libro sobre el agua en España. Decía uno de los intervinientes que la solución al problema de la alimentación mundial pasa por cambiar las reglas del comercio, y eliminar las subvenciones a agricultores de países ricos, lo que permita mejorar el nivel de vida de los pobres. Decía el ponente que el problema entonces era de Obama y Sarkozi, esto es de las dos potencias en el comercio mundial. No sé si estoy de acuerdo en el argumento sobre la agricultura, pero desde luego en lo que no estoy de acuerdo es que sean ésas las potencias mundiales el comercio. Me temo que ahora los nombres propios son Obama y Hu Jintao, que son precisamente los que han dicho que no esperan lograr un acuerdo vinculante en Copenhague. Entre los dos suman el 40% de las emisiones mundiales. China construye una central térmica (de carbón) al mes.  Me temo que poco podrá Europa aportar a esta discusión con apenas el 15% de las emisiones del planeta, si no conseguimos involucrar a los gobiernos emergentes.

Esta situación también se observa en otras economías mundiales. Como recoge el World Energy Outlook 2009 de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), las estimaciones más recientes indican un descenso del 5% en el monto mundial de emisiones de CO2 (34,5 gigatoneladas en vez de 36,4). De acuerdo a este informe, un 75% de esa disminución se deben a la presente crisis económica, y solo el 25% restante a las políticas e inversiones para combatir el cambio climático.

El documento incluye también un resumen de las estimaciones del coste y los beneficios que tendrían las medidas necesarias para que la concentración atmosférica de gases con efecto invernadero quede estabilizada en unas 450 partes por millón hacia 2045. Haría falta unas inversiones adicionales acumuladas de casi 2,4 billones de dólares de 2010 a 2020, y unos 8,1 billones de 2010 a 2030. A cambio, el mundo se ahorraría 8,6 billones en combustible en el periodo 2010-2030.

Sin duda la inversión económica que generará un compromiso vinculante con la reducción de emisiones, es el principal escollo para lograr un acuerdo ambicioso en la próxima reunión de Copenhague. Esta trascendental reunión pondrá las bases de la ampliación del protocolo de Kyoto, incorporando medidas más estrictas de reducción de emisiones para los países ricos, y un compromiso para reorientar el crecimiento de los países en fuerte crecimiento: China, India o Brasil, facilitándoles la adopción de tecnologías energéticamente más eficientes.

En medio de noticias ambientalmente tan poco halagüeñas, leo en la prensa que el presidente Zapatero se ha comprometido con la UE a donar entre 5.000 y 7.000 millones de euros al año hasta 2020 para apoyar la lucha contra el cambio climático en los países en desarrollo. Parece ser que se trata, para más sorpresa, de una aportación “voluntaria”, fruto de la reunión de los jefes de Estado o de Gobierno en Bruselas, para preparar la reunión de Copenhague.

¿No os parece que hay algo que no acaba de encajar bien?

Pero no sólo aumenta el paro, sino también la destrucción de empleo, ya que los afiliados a la Seguridad Social están disminuyendo. Efectivamente, los afiliados medios a la Seguridad Social cayeron en octubre, por tercer mes consecutivo (26.150 afiliados menos) hasta un total de 17,9 millones, el nivel de empleo más bajo desde mayo de 2005. Las previsiones apuntan a que en los próximos meses proseguirá esta tónica de caída del empleo, a un ritmo de entre 50.000-70.000 afiliados mensuales.

Este aumento en el desempleo genera, como es sabido, elevados costes para la sociedad: económicos, psicológicos y sociales. El coste más directo es el aumento del gasto público. El paro es una carga para la Hacienda Pública debido a que el Estado ha de pagar las prestaciones por desempleo. A este coste directo habría que sumarle las pérdidas generadas por la no utilización de una parte importante de este factor de la producción (la fuerza laboral). Además, como los parados compran una menor cantidad de bienes y servicios, obligan a las empresas a reducir su producción, plantilla e inversión. Estos factores provocan mayores caídas en el PIB, que desgraciadamente deteriora los niveles de bienestar de la población.

Costes psicológicos y sociales

Además de las implicaciones económicas del paro, existen también consecuencias psicológicas negativas para los individuos que se encuentran en situación de desempleo. La salud mental del parado y de su familia tiende a deteriorarse más que la de las personas ocupadas. Las personas sin empleo tienen mayor propensión a la depresión que los que tienen trabajo, por lo que existe una relación significativa entre el desempleo y el aumento de las tasas de suicidio.

El conjunto de la sociedad sufre también con el paro, que puede generar marginación social; los marginados tienen una mayor propensión a delinquir, con lo que aumenta de esta forma, la inseguridad ciudadana. A ello se une que el aumento del desempleo podría generar mayor conflictividad y precariedad laboral, etc. Efectivamente, el incremento del número de parados aumenta las posibilidades de empleo en la economía sumergida. Los trabajadores  se emplean en ese tipo de actividades económicas para poder sobrevivir. Allí no rigen salarios mínimos, ni contratos escritos, ni protecciones sociales. En muchos casos se trata de una lamentable situación de explotación. Aunque existe una gran dificultad en calcular estos costes sociales y psicológicos del desempleo, es muy posible que sean mayores que los económicos.

Parece probable que el paro, y por tanto su coste, continúe aumentando hasta alcanzar los 4,5 millones de personas a mediados de 2010. Mientras tanto sería de esperar que se afrontase cuanto antes la reforma laboral (simplificación de los contratos, reducción de los costes de despido, mayor movilidad geográfica y funcional, políticas activas de empleo, etc.), y que los mayores niveles de paro indujeran una mayor moderación salarial, y, por tanto, una reducción de costes para las empresas. Así se podría mejorar la competitividad de nuestra economía que desde hace años se viene deteriorando. Será la mayor competitividad la que permitirá recuperar la senda de crecimiento económico y la creación de empleo.

De ahí que cada vez más, la ciencia económica esté incorporando a su acervo científico un mejor entendimiento del papel de las instituciones (como son los sistemas políticos libres y, por tanto, democráticos, los mercados de libre competencia, el buen funcionamiento del Estado de Derecho, los derechos de propiedad bien especificados y reforzados) como la clave del éxito económico y del buen funcionamiento de las economías. Ahora, en economía, lo ortodoxo es recalcar la importancia de que las instituciones sean propicias al crecimiento económico como, por ejemplo, la estabilidad política, la seguridad jurídica, la independencia del poder judicial y el buen funcionamiento de los sistemas legales, los patrones de ocupación de tierras, la independencia del banco central, la transparencia y baja corrupción de los gobiernos y las empresas (Siemens, por ejemplo, está siendo investigada por sobornos, una investigación internacional por supuesta corrupción en el conglomerado alemán), que los organismos reguladores sean creíbles e independientes, etc.

 Los países ricos son ricos porque habitualmente cuentan con una buena política económica, instituciones creíbles y estables pero también con una geografía favorable, mientras que la valoración de estos tres factores para muchos de los países más pobres del mundo es negativa. Un trabajo reciente de William Easterly, del Centro de Desarrollo Global, y Ross Levine, de la Universidad de Minnesota, en el que se evalúa la importancia de estos tres factores en 72 países ricos y pobres señala que son las instituciones el factor más importante. Según el citado estudio, la geografía y la política por sí solas no sólo son menos importantes que las instituciones sino que, en líneas generales, no tienen ninguna importancia. Pero una geografía favorable fomenta el que las instituciones sean buenas y, a su vez, éstas promueven el desarrollo. Un país con una mala geografía y buenas instituciones (Chile, Australia y Nueva Zelanda) irá bien, pero un país con una buena geografía y malas instituciones como Argentina y Cuba no. Los países con buenas instituciones suelen ir bien, sean sus políticas o su geografía buenas o malas

¿Afecta la geografía al desarrollo económico? ¿O no? ¿Por qué normalmente una buena geografía ayuda a que las instituciones sean buenas? ¿Qué crees que es más importante para el desarrollo económico de un país las políticas económicas ortodoxas, la geografía o las instituciones?  ¿Crees que en España tienen credibilidad los organismos reguladores (tales como la CNE, Tribunal de la Competencia, CNMV,etc.?