¿Es posible el cambio de modelo?

 En estas circunstancias la posibilidad de cambiar de modelo económico dependerá de nuestra capacidad de flexibilizar nuestra economía y nuestro mercado de trabajo a la vez que se incrementa el capital tecnológico. Se trata pues de mejorar la estructura productiva y competitiva para aumentar así las exportaciones y la inversión extranjera en España y la inversión española en España y en el exterior. Nadie sabe cuáles serán los sectores de futuro, el gobierno tampoco, pero no se debe olvidar que España es muy competitiva en el sector servicios. La mayor parte de la inversión española en el exterior no está en el sector manufacturero (aunque algunas hay) sino en los sectores bancario, distribución, ingeniería, gestión y construcción de infraestructuras (aeropuertos, autopistas, etc.), gestión de aguas y basuras, hoteles, producción y distribución de energía, energías renovables, seguros,  telefonía, etc. Así, empresas como Repsol YPF, Gas Natural, Endesa, Abertis, Santander, BBVA, Mapfre, Iberdrola, Telefónica, ACS, OHL o FCC, entre otras, han encontrado grandes oportunidades de negocio en Europa y en el continente americano. Desde finales de los ochenta muchas compañías españolas desembarcaron en Europa y desde mediados de los noventa, se convirtieron en los principales inversores en América Latina, por detrás de EEUU.  

 Confianza, crecimiento y competitividad

Sin embargo y a pesar del buen comportamiento inversor de las empresas españolas en el exterior, las expectativas de la inversión están bastante negras al persistir una incertidumbre muy grande sobre el futuro del país. El presidente del Gobierno de España, Rodríguez Zapatero, no ha sido suficientemente realista a la hora de explicarle a la ciudadanía, en especial al sector privado, la situación en que se halla la economía. A pesar de sus anuncios optimistas, la recuperación va a llevar mucho tiempo. Como el gobierno tuvo una actitud de negar la crisis desde el comienzo mismo de este período, existe una sensación de inseguridad y desconfianza que está retrayendo la inversión privada, tanto local como extranjera. A los empresarios españoles, les cuesta creer en el marco en que se va a mover la economía, lo que naturalmente provoca la congelación de las inversiones.

 ¿Qué podría hacer el gobierno?

 El gobierno español tendría que destinar parte del gasto público, que hasta ahora ha sido desmesurado e improductivo, a incorporar nuevos sectores relacionados con la innovación y con el desarrollo tecnológico, así como para mejorar la calidad de la educación. Según los informes del Programa Internacional de Evaluación de Resultados Educativos (por su sigla en inglés, PISA), España ha obtenido resultados muy bajos y, por lo tanto, se requiere un acuerdo, entre todos los partidos políticos, para lograr una mejor formación profesional de los educadores y poder dirigir a los jóvenes hacia carreras tecnológicas y de ciencias que contribuyan a aumentar la capacidad y competitividad de las empresas nacionales. El modelo educativo se debe dirigir a fomentar la excelencia y el esfuerzo para que los egresado sean capaces de absorber nuevas tecnologías y ser protagonistas de un nuevo modelo económico más productivo.

 Aunque es verdad que las empresas son las responsables del necesario cambio de modelo, sin embargo sus decisiones se ven afectadas por el marco de la política económica, el nivel y calidad de las instituciones y la calidad de la mano de obra. En este contexto, la estabilidad política, macroeconómica e institucional siguen siendo necesarias y deben crecer para que España pueda salir de la crisis. El gobierno también debe esforzarse por seguir aplicando políticas de liberalización de los mercados que puedan proporcionar los signos adecuados que incentiven al sector privado a que emprenda nuevas inversiones, tome decisiones de producción y genere creación de empleo. En este sentido, la confianza y credibilidad en el gobierno son factores necesarios para que se produzca el cambio de modelo, es decir, para la creación de empresas competitivas. Por el contrario, la incertidumbre, la desconfianza y la inestabilidad política, retrasa las decisiones de inversión privada y produce, además, una reasignación de recursos que no incentiva la mejora de la productividad.

 En resumen, si la economía española quiere ser más competitiva debe apuntar hacia sectores con mayores niveles de calidad y de tecnología, lo que mejoraría la competitividad de nuestros productos en el exterior. La mejora tecnológica, la reestructuración productiva, el fomento del ahorro nacional y el incremento de la competencia deben marcar el camino de ese nuevo modelo económico. Las protagonistas del modelo deben ser las viejas y nuevas empresas que inviertan en I+D+i, es decir, las que generen innovación pero también aquellas otras que demandan innovación. De ahí que el sector público debería dirigir su gasto a aumentar la productividad y en consecuencia la competitividad de nuestros productos. En definitiva, hay que seguir apostando por un modelo económico abierto al exterior y evitar el proteccionismo en la economía española. La solución a nuestros problemas no está en proteger nuestra economía frente a la competencia exterior sino en aumentar la cantidad y calidad de nuestra oferta exportadora.

Los presidentes de los países pobres realizaron un crítico discurso a las políticas “proteccionistas”, de los países ricos, especialmente en el mercado agrícola. Es sabido que los masivos programas de subsidios deprimen artificialmente los precios, distorsionan los mercados, limitan seriamente el desarrollo y competitividad agrícola de los países en desarrollo, especialmente de los más pobres.  

En África es donde la situación es más grave y, aunque tiene abundantes recursos naturales, su explotación encuentra obstáculos hasta ahora insuperables: clima, fragilidad de los suelos, enfermedades, mal reparto de los recursos hídricos, etc. La solución está en aumentar la productividad agrícola. Es necesario que la tierra, en África, produzca más introduciendo los progresos tecnológicos logrados en materia de híbridos y semillas seleccionadas.

La ayuda alimentaria

Aunque la ayuda alimentaria exterior, ha permitido salvar muchas vidas, tiene también una influencia perniciosa sobre el desarrollo agrícola. La ayuda alimentaria mata las producciones y los mercados locales, pues equivale a un “dumping” de productos agrícolas externos que suplantan directa o indirectamente a las producciones, y como consecuencia cambia los hábitos de consumo de la gente, por ejemplo, a comer pan de trigo, en sitios donde no se puede producir trigo. De ahí que la ayuda que los países pobres necesitan se debe materializar en abonos, pesticidas, herramientas, tractores y medios de transporte que les permita producir más y de forma más adecuada a sus características y necesidades.

El ejemplo del tomate

La UE es el segundo mayor productor de tomate concentrado tras los EEUU. La Política Agraria Común (PAC) paga a los agricultores de la UE un mínimo por su producción que supera el precio mundial y que estimula la producción. El 20% de las exportaciones de tomate procesado van a parar a África Occidental y se venden a precios más baratos que los productos locales. Esta competencia ha supuesto el cierre de fábricas de procesamiento de tomate en varios países de África Occidental. Esto daña los modos de vida de los productores de tomate locales, muchos de los cuales son mujeres.

Los subsidios a los agricultores del Norte, como los que da la PAC, crean una producción que excede a la demanda nacional. Los países utilizan entonces los subsidios a la exportación para distribuir el exceso en los mercados mundiales. Esto hunde los precios y reduce los ingresos de los exportadores de los países en desarrollo, así como su cuota de mercado. Además de estos regalos envenenados la PAC, claramente proteccionista y una de las aberraciones mayores de la UE, ha impedido a muchos países pobres exportar alimentos a Europa y conseguir así las divisas que necesitan para financiar su desarrollo económico. 

Seguridad alimentaria

La solución no está, como podría parecer, en enviar los alimentos que sobran a los países en los que faltan. En éstos, no suele haber infraestructuras que permitan, de una manera eficaz, el recibir y mucho menos el distribuir y aprovechar estos “donativos”. La falta, por ejemplo, de red del frío impide la distribución a los consumidores de los alimentos perecederos. La solución tiene que venir por otro camino: la victoria contra el hambre se logrará el día en que cada uno de los países que actualmente son deficitarios sean capaces de producir por sí mismos una cantidad mínima de alimentos para nutrir a sus poblaciones.

La cumbre contra el hambre de la FAO, que tuvo lugar la semana pasada, sigue dividiendo a países pobres y ricos. Vergonzosa  ha sido la ausencia de los líderes de los países más industrializados, en particular del G8 –solo asistió Silvio Berlusconi–. Pero mucho más vergonzoso siguen siendo las “distorsiones” en el comercio agrícola, “los subsidios” y el proteccionismo agrario de los países ricos que han convertido a los países en desarrollo de exportadores en importadores de alimentos.

Pero no sólo aumenta el paro, sino también la destrucción de empleo, ya que los afiliados a la Seguridad Social están disminuyendo. Efectivamente, los afiliados medios a la Seguridad Social cayeron en octubre, por tercer mes consecutivo (26.150 afiliados menos) hasta un total de 17,9 millones, el nivel de empleo más bajo desde mayo de 2005. Las previsiones apuntan a que en los próximos meses proseguirá esta tónica de caída del empleo, a un ritmo de entre 50.000-70.000 afiliados mensuales.

Este aumento en el desempleo genera, como es sabido, elevados costes para la sociedad: económicos, psicológicos y sociales. El coste más directo es el aumento del gasto público. El paro es una carga para la Hacienda Pública debido a que el Estado ha de pagar las prestaciones por desempleo. A este coste directo habría que sumarle las pérdidas generadas por la no utilización de una parte importante de este factor de la producción (la fuerza laboral). Además, como los parados compran una menor cantidad de bienes y servicios, obligan a las empresas a reducir su producción, plantilla e inversión. Estos factores provocan mayores caídas en el PIB, que desgraciadamente deteriora los niveles de bienestar de la población.

Costes psicológicos y sociales

Además de las implicaciones económicas del paro, existen también consecuencias psicológicas negativas para los individuos que se encuentran en situación de desempleo. La salud mental del parado y de su familia tiende a deteriorarse más que la de las personas ocupadas. Las personas sin empleo tienen mayor propensión a la depresión que los que tienen trabajo, por lo que existe una relación significativa entre el desempleo y el aumento de las tasas de suicidio.

El conjunto de la sociedad sufre también con el paro, que puede generar marginación social; los marginados tienen una mayor propensión a delinquir, con lo que aumenta de esta forma, la inseguridad ciudadana. A ello se une que el aumento del desempleo podría generar mayor conflictividad y precariedad laboral, etc. Efectivamente, el incremento del número de parados aumenta las posibilidades de empleo en la economía sumergida. Los trabajadores  se emplean en ese tipo de actividades económicas para poder sobrevivir. Allí no rigen salarios mínimos, ni contratos escritos, ni protecciones sociales. En muchos casos se trata de una lamentable situación de explotación. Aunque existe una gran dificultad en calcular estos costes sociales y psicológicos del desempleo, es muy posible que sean mayores que los económicos.

Parece probable que el paro, y por tanto su coste, continúe aumentando hasta alcanzar los 4,5 millones de personas a mediados de 2010. Mientras tanto sería de esperar que se afrontase cuanto antes la reforma laboral (simplificación de los contratos, reducción de los costes de despido, mayor movilidad geográfica y funcional, políticas activas de empleo, etc.), y que los mayores niveles de paro indujeran una mayor moderación salarial, y, por tanto, una reducción de costes para las empresas. Así se podría mejorar la competitividad de nuestra economía que desde hace años se viene deteriorando. Será la mayor competitividad la que permitirá recuperar la senda de crecimiento económico y la creación de empleo.

De ahí que cada vez más, la ciencia económica esté incorporando a su acervo científico un mejor entendimiento del papel de las instituciones (como son los sistemas políticos libres y, por tanto, democráticos, los mercados de libre competencia, el buen funcionamiento del Estado de Derecho, los derechos de propiedad bien especificados y reforzados) como la clave del éxito económico y del buen funcionamiento de las economías. Ahora, en economía, lo ortodoxo es recalcar la importancia de que las instituciones sean propicias al crecimiento económico como, por ejemplo, la estabilidad política, la seguridad jurídica, la independencia del poder judicial y el buen funcionamiento de los sistemas legales, los patrones de ocupación de tierras, la independencia del banco central, la transparencia y baja corrupción de los gobiernos y las empresas (Siemens, por ejemplo, está siendo investigada por sobornos, una investigación internacional por supuesta corrupción en el conglomerado alemán), que los organismos reguladores sean creíbles e independientes, etc.

 Los países ricos son ricos porque habitualmente cuentan con una buena política económica, instituciones creíbles y estables pero también con una geografía favorable, mientras que la valoración de estos tres factores para muchos de los países más pobres del mundo es negativa. Un trabajo reciente de William Easterly, del Centro de Desarrollo Global, y Ross Levine, de la Universidad de Minnesota, en el que se evalúa la importancia de estos tres factores en 72 países ricos y pobres señala que son las instituciones el factor más importante. Según el citado estudio, la geografía y la política por sí solas no sólo son menos importantes que las instituciones sino que, en líneas generales, no tienen ninguna importancia. Pero una geografía favorable fomenta el que las instituciones sean buenas y, a su vez, éstas promueven el desarrollo. Un país con una mala geografía y buenas instituciones (Chile, Australia y Nueva Zelanda) irá bien, pero un país con una buena geografía y malas instituciones como Argentina y Cuba no. Los países con buenas instituciones suelen ir bien, sean sus políticas o su geografía buenas o malas

¿Afecta la geografía al desarrollo económico? ¿O no? ¿Por qué normalmente una buena geografía ayuda a que las instituciones sean buenas? ¿Qué crees que es más importante para el desarrollo económico de un país las políticas económicas ortodoxas, la geografía o las instituciones?  ¿Crees que en España tienen credibilidad los organismos reguladores (tales como la CNE, Tribunal de la Competencia, CNMV,etc.?