Fundación Ciudadanía y Valores

La cumbre del cambio climático en Copenhague se está convirtiendo en la cumbre de las declaraciones melífluas, dirigidas al lector más preocupado por la poesía naturalista seudo-mística que al ciudadano preocupado por la futura habitabilidad del planeta. Como bien indicaba la pancarta que a duras penas pudieron lucir el director de Greenpeace en España y su compañera en su intento de participar en la cena de estado: “Los políticos hablan, los líderes actúan”.

Ciertamente tiene razón nuestro presidente del gobierno cuando indica que los protagonistas de las negociaciones eran los grandes emisores, EE.UU. y China, a los que pedía un mayor esfuerzo. Finalmente el acuerdo ha quedado solo en buenas intenciones y no se han fijado metas concretas salvo en el objetivo de no superar los 2º de incremento de temperatura para 2050. Al menos se ha conseguido un acuerdo global para seguir discutiendo sobre esos puntos y sobre todo se ha incorporado a los países emergentes en los marcos de reducción de emisiones futuros. Creo que los líderes que mas en serio han apostado por el acuerdo han sido las grandes potencias europeas, Francia, Alemania y Reino Unido, que no sólo estaban por acuerdos más ambiciosos, sino que realmente han cumplido sus compromisos previos con el protocolo de Kyoto. Obama sabía que comprometer cifras suponía un coste importante para su economía, y ha preferido no establecer metas concretas, mientras gana apoyo interno para que el Senado pueda apoyarle en objetivos más ambiciosos. China, India, Brasil e Indonesia no van a establecer metas severas cuando sus poblaciones tienen todavía tasas de emisión muy inferiores a las de los países ricos (las de China son cuatro veces per cápita más pequeñas que las de EE.UU. y la mitad de las europeas). En este marco, las declaraciones de Obama han sido una declaración de buenas intenciones: que cada país intente reducir lo más posible y que informe públicamente de esos avances.

El gobierno español, con el presidente Zapatero a la cabeza, se quejaba de la falta de ambición en esos objetivos internacionales y abogaba por reducciones más drásticas. Supongo que los ciudadanos españoles más comprometidos con la causa ambiental aplaudirán esa actitud del presidente, pero a los que además de estar preocupados por estos temas también estamos algo informados, esa actitud nos resulta bochornosa. ¿Cómo puede el gobierno español abanderar la firma de un protocolo más amplio que el de Kyoto cuando somos el país europeo que menos cumple el mismo?  La voluntad política de hacerlo está en todas las declaraciones, pero los hechos prácticos siguen demostrando que nuestros gobernantes no se toman en serio el tema. Por ejemplo, en los últimos presupuestos generales del Estado se estableció como meta reducir unos 38 millones de toneladas nuestras emisiones de CO2 para 2012. Esta cifra es la tercera parte de la que se había aprobado dos años antes, dentro de la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (Horizonte 2007-2012-2020). Los datos más recientes disponibles para nuestro país en la convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCC) indican que en 2007 apenas se habían conseguido reducir las emisiones  en 1,6 millones de t frente a la cifra de 2005, y España seguía siendo el país de la Unión Europea más alejado de los compromisos de Kyoto (38% por encima del objetivo). Incluyendo los mecanismos derivados de los cambios en la cobertura del suelo, todavía las cifras con peores, con una desviación superior a 40 puntos. En el balance global de los cuatro primeros años del gobierno de Zapatero pasamos del 149 al 155% de emisiones sobre el año base (1990), lo que supuso alejarnos de los compromisos de Kyoto (fijados en el 15% para nuestro país). En estas cifras son las últimas disponibles a 2009 en el sitio oficial del UNFCC. No se incluyen ahí los efectos de la crisis económica que nos afecta actualmente, que sin duda será la principal aliada de la reducción de emisiones, aún a costa de perder varios puntos en nuestro PIB. Ciertamente hubiera sido deseable que el ajuste fuera menos drástico y  conseguido como política de Estado, en lugar de cómo consecuencia de un desastre económico.

No sé en qué medida puede afectar la nueva ley de economía sostenible a las tendencias futuras, pero resulta cuando menos preocupante que estemos dando a otros lecciones sobre el uso de energías renovables, mientras subvencionamos la industria del carbón, sigue sin estar claro el marco jurídico de la energía eólica marina, o para mejorar la eficiencia energética en las empresas y administraciones públicas. De acuerdo a los últimos datos del sector eólico en España, sin duda el buque insignia de las renovables en nuestro país, la producción media eléctrica apenas sobrepasa la mitad de la generada por energía nuclear, y, en el conjunto de las renovables, aún estamos muy lejos del objetivo del 20% que se ha marcado la Unión Europea en este terreno para 2020.

Si la reducción drástica de emisiones sólo va a venir como consecuencia del deterioro de nuestra economía, la “solución” al cambio climático resulta alarmante. Por otro lado, no es muy diferente de la que han dado los países de la antiguo bloque oriental, donde se registran caídas de emisiones superiores al 50% (Rumanía, Ucrania, Lituania, Estonia) respecto a la situación de 1990.

Parece mucho más razonable proponer medidas más modernas y sostenibles, que pasen por una economía basada en energías de baja emisión (me temo que incluyendo, al menos temporalmente, la nuclear), en mayor eficiencia energética, en primar el ahorro energético, en políticas más innovadoras de captura de carbono (reforestación, gestión de espacios rurales marginales). Las soluciones son ciertamente complejas, y requieren coraje para explicar las implicaciones negativas que van a tener para los ciudadanos (incremento del coste de energía, por ejemplo). Las declaraciones rimbombantes sirven para llenar titulares, pero no para resolver los problemas.